Con proyecciones de una inflación que descendería al 18% punta a punta, un crecimiento del Producto Bruto Interno proyectado en el 4% y un dólar oficial estimado en $1.847,6 para fin de año, la administración de Javier Milei ingresa al Congreso la ley de leyes para consolidar su programa de estabilización y equilibrio fiscal.
En el marco de la presentación formal del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027, el Poder Ejecutivo ratificó las columnas vertebrales de su plan macroeconómico. Tras una reunión clave de la mesa política en la Casa Rosada, las autoridades del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, formalizaron los lineamientos generales que guiarán la gestión fiscal, monetaria y cambiaria durante el próximo ciclo anual. La iniciativa, cuya entrada por la Cámara de Diputados marca el cumplimiento de los plazos constitucionales establecidos por la Ley de Administración Financiera, ratifica la regla del déficit cero como el dogma innegociable de la política pública.
De acuerdo con los datos macroeconómicos presentados en la hoja de ruta oficial, el Gobierno prevé una expansión de la actividad económica proyectada en un 4% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta meta de crecimiento se apoya en una paulatina consolidación del consumo privado, el repunte gradual de la inversión bruta interna fija y una tracción sostenida del sector exportador energético, minero y agroindustrial. En términos de dinamismo de precios, el Palacio de Hacienda anticipa un sendero de desaceleración acentuada: la inflación promedio anual se estimó en un 21,1%, mientras que la medición punta a punta —prevista entre diciembre de este año y diciembre del próximo año— se ubicaría en torno al 18%. De confirmarse estos guarismos, la economía argentina alcanzaría sus niveles de variación de precios más bajos en más de una década, prolongando el proceso de estabilización iniciado tras las reformas estructurales del periodo anterior.
En la variable cambiaria, el Presupuesto 2027 proyecta un tipo de cambio nominal oficial con una cotización promedio anual de $1.728 por dólar estadounidense, cerrando el mes de diciembre del año entrante en $1.847,6 por unidad. Desde el Palacio de Hacienda se apresuraron en aclarar que esta cifra no constituye una meta fija ni un compromiso de intervención cambiaria discrecional por parte del Banco Central, sino que representa la traducción matemática de aplicar la trayectoria de precios estimada sobre la paridad monetaria actual. Asimismo, los cuadros técnicos destacan que el marco de previsibilidad cambiaria irá acompañado de una recuperación del poder adquisitivo: el proyecto contempla una mejora del salario medio del 25,4% nominal, lo que implicaría una recomposición real de los ingresos frente al avance de la canasta general de precios.
El frente fiscal se mantiene como el ancla indiscutida del programa económico del oficialismo. De cumplirse los objetivos trazados en el presupuesto enviado al Parlamento, la Argentina lograría encadenar cuatro años consecutivos con resultado fiscal positivo en las cuentas públicas. La regla de equilibrio financiero estricto estipula que el gasto primario se ajustará automáticamente a los ingresos corrientes acumulados, de modo tal que no se requiera de emisión monetaria del Banco Central ni de un incremento en la deuda neta para financiar el funcionamiento del Estado nacional. Esta disciplina presupuestaria apunta a fortalecer la reputación del crédito público y a sostener la compresión del riesgo país en los mercados internacionales.
Por el lado del sector externo, el proyecto prevé un saldo positivo sustancial en la balanza comercial de bienes y servicios. El Gobierno calcula que el superávit comercial superará los USD 15.000 millones a lo largo del ejercicio 2027. Este resultado excedentario estará apuntalado por el despliegue del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el cual comenzó a reflejar un incremento sustancial en la capacidad exportadora del sector hidrocarburífero en Vaca Muerta, la maduración de proyectos de litio y cobre en las provincias cordilleranas, y un comportamiento favorable de los volúmenes del complejo oleaginoso y cerealero.
El debate parlamentario que se iniciará en las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se perfila como un escenario crucial de discusión política. Las bancadas de la oposición y los bloques provinciales analizarán con lupa el reparto de los recursos coparticipables, las partidas asignadas a la obra pública transferida, el financiamiento de las universidades nacionales y la actualización automática de las jubilaciones y pensiones. No obstante, desde el oficialismo confían en que las cifras macroeconómicas proyectadas reflejan un sendero sostenible de desinflación, estabilización cambiaria y retorno al crecimiento sustentable.
Redacción AFEN
