Según especialistas, además de las derogaciones regresivas que contempla el proyecto, hay factores que complicarán el camino a futuros reclamos judiciales.
Por: Ariel Stemphelet
Lejos de combatir la supuesta industria del juicio alegada durante años por la derecha ahora encarnizada en el gobierno de Javier Milei, la reforma laboral que está a un paso de convertirse en ley generará una oleada de demandas judiciales. Señalamientos por inconstitucionalidad y reclamos individuales por la nueva forma de calcular las indemnizaciones forman parte del horizonte de litigiosidad que se avecina según especialistas.
Más allá de la derogación de derechos laborales contemplada en la iniciativa, hay otras luces de alarma que se encendieron en los últimos días. Si la reforma se convierte en ley, el gobierno también habrá logrado instaurar cierto desorden jurídico, principalmente a partir del cierre del Fuero Laboral, que podría complicar cuestionamientos judiciales a las nuevas reglas de juego.
Para Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la reforma es inconstitucional. “La ley, que presumimos que se va a aprobar, vulnera el principio de progresividad que obliga a los Estados a legislar de manera progresiva y no regresiva en materia de derechos sociales. Eso está en tratados internacionales reconocidos por la Constitución que, en el artículo 14 bis, también dice que las leyes deberán proteger al trabajador”, aseguró.
Reforma blindada
Así y todo, advirtió que “va a ser muy difícil” dar la pelea en la Justicia, en principio porque Argentina no tiene un tribunal específico dedicado a revisar la constitucionalidad de las leyes. Además, como la reforma está a punto de salir mediante una ley del Congreso, no hay chances de que prospere un freno judicial como el que tuvo el capítulo laboral del DNU 70/23 objetado por la CGT. Es que en ese momento, uno de los argumentos más firmes fue que el presidente Javier Milei se había arrogado funciones propias del Poder Legislativo.
“Acá hay que ir artículo por artículo. A la reforma laboral que se pretende aprobar no se la va a poder atacar en bloque como pasó con el DNU 70/23. Los planteos van a tener que ser individuales, caso por caso”, coincidió el abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra.
Como se mencionó, hay quienes creen que, de manera solapada, el gobierno busca generar cierto desorden institucional para blindar la ley ante futuras impugnaciones judiciales de trabajadores que se consideren agraviados por decisiones patronales basadas en la reforma.
“Creo que va a generar litigiosidad individual, pero el despelote que armaron con el cierre del Fuero Laboral puede ser una traba. Hay un plan armado para obturar cualquier reclamo, más teniendo en cuenta que quieren pasar la Justicia Laboral a la órbita porteña en 180 días y eso no es soplar y hacer botellas. Un reclamo por indemnización va a ir a la Justicia de la ciudad. ¿Qué jueces lo tomarán? ¿Los actuales? ¿Jueces nuevos aún no asumidos? Hay cuestiones sin saldar y está mal porque pierde siempre el justiciable, el laburante que está en negro”, sumó Diego Armesto, abogado constitucionalista.
En el Fuero Laboral, una jueza que prefirió opinar en off the record coincidió. “Lejos de desalentar la litigiosidad, este esquema que se propone la incentiva. Eso va a generar una situación inmediata de colapso del sistema judicial, máxime si pretenden pasar la competencia de 80 juzgados laborales y 10 salas, como es ahora, a 10 juzgados y dos salas de la ciudad de Buenos Aires”, precisó.
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