La Legislatura porteña aprobó seis pedidos de informes para que el Ejecutivo transparente obras, fondos y terrenos en barrios populares, conjuntos habitacionales y microcentro.
La Legislatura porteña aprobó este jueves seis pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo de la Ciudad que, en conjunto, funcionan como una auditoría parlamentaria de la política habitacional y urbana del distrito. El Gobierno porteño tendrá 30 días, contados desde la recepción de cada resolución, para responder sobre el estado de las obras, los recursos públicos destinados al mantenimiento de las viviendas, la situación de los servicios básicos y el avance de los procesos de urbanización.
Un paquete que recorre el mapa porteño
Los requerimientos van del microcentro al sur y al norte de la ciudad: la reconversión del área céntrica, el estado de 18 conjuntos habitacionales, la infraestructura del barrio Ramón Carrillo, el funcionamiento del barrio Papa Francisco, la reurbanización del Playón de Chacarita y el inventario de terrenos que administra el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Cada pedido tiene su propio objeto, pero todos comparten una lógica: reemplazar los anuncios por datos verificables y medir cuánto de lo prometido se tradujo en ladrillos, cloacas y escrituras.
Microcentro: cuántas viviendas dejó la Ley 6508
Sancionada en diciembre de 2021, la Ley 6508 creó el régimen de transformación del Área Céntrica con el objetivo de volver más residencial una zona históricamente dominada por las oficinas. El esquema ofrece beneficios impositivos a quienes reconviertan inmuebles y destinen al menos el 30% de su superficie a viviendas o a actividades estratégicas. La normativa contempla, entre otros incentivos, un pago a cuenta de Ingresos Brutos equivalente al 50% de la inversión y la exención de derechos de delineación. Además, el Banco Ciudad llegó a ofrecer una línea de créditos en UVA para adquirir unidades reconvertidas.
Ahora, la Legislatura quiere saber cuántos inmuebles se transformaron, cuántas viviendas se generaron, qué beneficios fiscales se otorgaron y si los créditos preferenciales realmente se pusieron en marcha, además del grado de ejecución de las obras en el espacio público. La consulta no es menor: en 2024 el propio Gobierno suspendió durante un tiempo la tramitación de nuevos beneficios para evaluar el régimen y, en noviembre de ese año, levantó la suspensión y fijó un tope máximo anual. Organizaciones por el derecho a la ciudad habían cuestionado que el esquema terminara favoreciendo a grandes propietarios más que a quienes necesitan una vivienda.
Conjuntos habitacionales: el desgaste que nadie ve
Otro de los pedidos apunta a 18 conjuntos, entre ellos Carrillo, Nágera, Piedrabuena, Illia, Rivadavia, Soldati y Copello. Se reclaman datos sobre el estado de los edificios, las redes de agua, cloacas, electricidad y gas, los reclamos de los vecinos y las obras de mantenimiento de los últimos cinco años, además de la situación de las escrituras, los fondos presupuestarios asignados y la asistencia a los consorcios. Se trata de complejos levantados hace décadas, ya que el barrio Soldati, por ejemplo, se construyó entre 1973 y 1979. Su envejecimiento plantea una pregunta de fondo: quién se hace cargo del mantenimiento cuando las familias no pueden costearlo solas.
Carrillo y Papa Francisco: emergencia crónica y escrituras pendientes
El barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati, nació a comienzos de los años 90 para alojar a los habitantes del antiguo Albergue Warnes. En 2004, la Legislatura declaró la emergencia de infraestructura del barrio por 365 días, una medida que luego fue prorrogada en reiteradas ocasiones. El nuevo pedido exige precisiones sobre las redes cloacales y pluviales, las obras para prevenir inundaciones, la eventual conexión con el Sistema Riachuelo, la recolección de residuos y los cortes de luz de los últimos tres años. También reclama los fondos destinados a cumplir una sentencia judicial vinculada con las condiciones ambientales y de infraestructura del barrio.
En el barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, las preguntas giran en torno al alumbrado público, las conexiones de gas natural y el mantenimiento de los espacios comunes. También se consulta por la asistencia del IVC a los consorcios, la cantidad de viviendas que todavía no fueron escrituradas y las razones que demoran la transferencia de dominio. Sin escritura no hay propiedad plena: es la diferencia entre habitar una casa y poder decir que es propia.
Playón de Chacarita: una reurbanización a prueba
La Ley 5799, aprobada el 23 de marzo de 2017, dispuso la reurbanización del Playón de Chacarita, un barrio que según el censo de 2016 reunía a 2.674 personas, agrupadas en 1.042 familias. Un informe de la organización ACIJ sobre el período 2016-2023 registró avances concretos, como un aumento del 76% en las viviendas conectadas a la red formal de agua y saneamiento y del 71% en las conectadas a la red eléctrica.
Aun así, la Legislatura pide actualizar el panorama: las obras previstas para 2026, la construcción de viviendas, la provisión de servicios, la regularización dominial, las reparaciones por posibles fallas constructivas y la situación de las familias que todavía no tienen una solución habitacional definitiva. El pedido incluye además explicaciones sobre un operativo de incautación de bienes y clausuras realizado en el barrio el 21 de agosto.
Terrenos del IVC: el inventario del suelo público
El sexto requerimiento reclama un relevamiento de todos los terrenos bajo titularidad o posesión del IVC, con su ubicación, superficie, estado de ocupación y destino, junto con los proyectos previstos y sus plazos. En una ciudad cuya Constitución reconoce desde 1996 el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, el suelo disponible es el insumo más escaso y más sensible de cualquier política habitacional. Saber qué tiene el Estado, dónde y para qué es condición previa para discutir qué se puede construir.
Qué se juega en las respuestas
Los pedidos de informes no obligan al Ejecutivo a cambiar una política, pero fijan un plazo y dejan un registro público de lo que el Gobierno sabe, o admite no saber, sobre sus propios barrios. Las respuestas, o su ausencia, serán material de trabajo para la oposición y el oficialismo en los próximos debates sobre vivienda. Permitirán además contrastar el discurso oficial con la experiencia cotidiana de miles de vecinos que esperan una escritura, una cloaca que funcione o una obra que termine.
De la Redaccion AFEN.
