Con 42 votos afirmativos y 26 negativos, la Cámara alta convirtió en ley la iniciativa oficialista aceptando las modificaciones de Diputados que blindan la restricción a extranjeros.
Tras un extenso y sinuoso recorrido parlamentario de casi ocho meses, el Senado de la Nación convirtió en ley este jueves por la noche el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La votación finalizó con 42 votos afirmativos y 26 negativos, sin abstenciones, luego de que la Cámara alta decidiera aceptar las modificaciones introducidas oportunamente por Diputados. De este modo, el Poder Ejecutivo logró sancionar una de las piezas centrales de su agenda de reformas estructurales, aunque debió ceder en un punto neurálgico: la norma sancionada restituye la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales, manteniendo los límites a la extranjerización del suelo argentino.
El respaldo parlamentario que permitió alcanzar la mayoría estuvo integrado por el bloque de La Libertad Avanza, acompañado por el PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Convicción Federal, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi. En la vereda opuesta, el rechazo fue encabezado por el bloque Justicialista, junto al Frente Cívico por Santiago, los representantes santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y el puntano Fernando Salino.
El giro parlamentario y el resguardo de la Ley de Tierras
El texto original, remitido por el Poder Ejecutivo en marzo de 2026 e impulsado directamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretendía desmantelar la Ley 26.737 sancionada en 2011. El objetivo inicial de la Casa Rosada era habilitar la compra irrestricta de campos por parte de inversores privados foráneos, restringiendo únicamente la adquisición por parte de Estados extranjeros.
Sin embargo, el rechazo transversal en el Congreso y la presión social obligaron al oficialismo a recalcular su estrategia. En agosto pasado, el Senado había otorgado media sanción suprimiendo ese capítulo. Posteriormente, tras una serie de fallos controvertidos de la Corte Suprema de Justicia en torno a la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 70/23, la Cámara de Diputados avanzó un paso más en octubre y reincorporó explícitamente la restitución de la Ley de Tierras Rurales.
Con la sanción definitiva de este jueves, quedan ratificados el tope máximo del 15 por ciento de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, el límite del 30 por ciento dentro de ese cupo para personas o empresas de una misma nacionalidad, y el máximo de mil hectáreas por titular en la denominada zona núcleo o su equivalente, además de los resguardos sobre espejos de agua y zonas de seguridad de frontera. Asimismo, quedaron definitivamente fuera de la reforma las modificaciones proyectadas originalmente sobre la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de regularización de barrios populares.
Desalojos sumarísimos y nuevas reglas para alquileres
Más allá de la derrota táctica en el capítulo agrario, el Gobierno nacional consiguió aprobar el núcleo duro de la iniciativa en materia civil, procesal y registral. Uno de los ejes más sensibles radica en la reforma de los procesos de desalojo, diseñada para reducir drásticamente los plazos judiciales frente a ocupaciones ilegales, falta de pago o vencimiento de contratos de locación.
La flamante legislación instituye la vía sumarísima y habilita la figura de la restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud en el derecho invocado, bajo caución juratoria y control judicial. Paralelamente, moderniza las notificaciones mediante la incorporación del domicilio electrónico y faculta a los magistrados a ordenar lanzamientos con el auxilio de la fuerza pública, habilitando días y horas inhábiles y permitiendo la apertura de cerraduras incluso cuando la propiedad se encuentre desocupada. No obstante, la norma mantiene la prohibición expresa de que los propietarios ejecuten desalojos por mano propia, exigiendo siempre la intervención judicial.
En el plano contractual, para proteger a los locatarios frente a eventuales abusos, se incorporó la obligatoriedad de una intimación previa fehaciente mediante carta documento ante casos de mora, otorgando un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción para que el inquilino regularice su deuda antes de habilitarse la instancia judicial. Además, la ley establece protocolos específicos de intervención estatal cuando en el inmueble habiten personas en situación de vulnerabilidad.
Límites a las expropiaciones y regularización dominial
Otro pilar fundamental de la normativa consiste en el endurecimiento de los requisitos para que el Estado avance sobre bienes privados mediante expropiaciones. A partir de su promulgación, toda declaración de utilidad pública deberá acreditar estrictos estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En materia económica, la ley establece que no podrá concretarse la transferencia de dominio a favor del Estado sin el pago íntegro y previo de la indemnización correspondiente en moneda de curso legal, salvo acuerdo expreso del expropiado. Para evitar la licuación del capital por demoras administrativas o procesos inflacionarios, el valor del bien se fijará tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior al acto estatal que afecte su cotización, y el monto se actualizará combinando la evolución del Índice de Precios al Consumidor con la tasa del Banco de la Nación Argentina a treinta días. Asimismo, se fijó un tope del 30 por ciento para la indemnización por lucro cesante y se eximió de cargas tributarias a estos resarcimientos.
Finalmente, la reforma actualiza la denominada Ley Pierri de regularización dominial, permitiendo acceder a la escritura de vivienda única y permanente a los ocupantes con causa lícita que acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los diez años previos a la solicitud, al tiempo que impulsa la digitalización e integración federal de los registros de la propiedad inmueble para agilizar las operaciones inmobiliarias en todo el territorio nacional.
De la redacción de AFEN


























