El fin de la histórica penitenciaría porteña avanza hacia su etapa decisiva tras la conclusión de las obras del Complejo Federal VII.
Un cambio de paradigma para el sistema penitenciario argentino
El mapa penitenciario del área metropolitana atraviesa una transformación histórica con la inminente puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VII, emplazado en la localidad bonaerense de Marcos Paz. La obra, que ingresó en su fase final de terminación y traspaso de instalaciones al Servicio Penitenciario Federal (SPF), representa la respuesta de infraestructura más trascendental en décadas para resolver la superpoblación carcelaria y dar cumplimiento al histórico reclamo de cierre de la Cárcel de Devoto.
Concebido bajo estándares modernos de seguridad, habitabilidad y reinserción social, el nuevo complejo fue proyectado sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con más de 65.000 metros cuadrados cubiertos. La magnitud de la obra responde a una demanda edilicia que combinaba el deterioro estructural del penal porteño con la saturación de plazas en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires.
El diseño arquitectónico comprende cuatro institutos penitenciarios independientes. Cada uno de ellos fue configurado con una organización modular que contempla pabellones de alojamiento, áreas destinadas a la atención médica integral, espacios para talleres educativos y laborales, y zonas de servicios esenciales como cocinas centrales y sectores de suministros. Esta separación funcional busca optimizar la gestión operativa, mejorar las condiciones de convivencia y garantizar una clasificación adecuada de los internos.
Reorganización de plazas y la erradicación de presos en comisarías
La capacidad total del Complejo Federal VII permitirá albergar a 2.200 personas, con una proyección de flujo operacional y tránsito diario estimado en 3.500 personas entre personal penitenciario, visitas, profesionales de la salud y proveedores. Esta escala operativa resulta determinante para descomprimir el sistema penitenciario metropolitano mediante una asignación estratégica de sus plazas.
En primera instancia, 1.500 vacantes estarán destinadas al traslado definitivo de la población penal que actualmente permanece alojada en el establecimiento carcelario de Devoto. Este movimiento permitirá avanzar con el desmantelamiento gradual del último presidio que permanece dentro del tejido urbano porteño, un reclamo vecinal y urbanístico de larga data.
Por su parte, las 700 plazas restantes se destinarán a reubicar a personas privadas de la libertad que se encuentran bajo custodia en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad. El alojamiento de detenidos en dependencias policiales ha sido objeto de recurrentes debates judiciales e institucionales debido a que dichas instalaciones carecen de la infraestructura adecuada para la permanencia prolongada de reclusos, además de desviar agentes de seguridad de las tareas de patrullaje preventivo en las calles.
El fin de la Cárcel de Devoto y la reconversión urbana
Inaugurada en 1927 como depósito de contraventores y transformada posteriormente en un penal de máxima seguridad, la Cárcel de Devoto ha sido escenario de múltiples episodios de tensión estructural y protestas motivadas por el hacinamiento. Su ubicación, rodeada de residencias, escuelas y comercios, convirtió su reubicación en una prioridad urbanística para la Ciudad de Buenos Aires.
El traspaso operacional al Servicio Penitenciario Federal marca el inicio del cronograma de mudanza masiva y la posterior clausura definitiva del predio de la avenida Bermúdez. La liberación de las terrenos ocupados por el penal abrirá el camino para el desarrollo de proyectos de integración urbana, áreas verdes y equipamiento público que transformarían de manera significativa el entorno edilicio del barrio.
Asimismo, la puesta en funcionamiento del nuevo complejo no solo resuelve un problema de capacidad edilicia, sino que plantea un esquema de descentralización y modernización en la gestión de las penas privativas de la libertad. La diferenciación de funciones dentro de los cuatro institutos apunta a elevar la calidad del tratamiento penitenciario, fortaleciendo los programas de capacitación laboral y la atención médica dentro del propio establecimiento.
De la redacción de AFEN
