Multas de hasta $58 millones, arrestos más largos y reincidencia agravada: la reforma de Macri llega a la Legislatura y alcanza a adolescentes.
El Gobierno porteño puso en la agenda legislativa una reforma integral del régimen de faltas de la Ciudad. Jorge Macri envió este miércoles a la Legislatura un proyecto que modifica el Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12) con tres movimientos simultáneos: castigos más severos, un catálogo de faltas ampliado y responsabilidad contravencional para adolescentes de 14 a 17 años.
Adolescentes: imputables, pero sin detención
Hoy, como regla, quienes tienen menos de 18 años no responden por contravenciones, con excepciones ligadas al tránsito. El proyecto baja ese umbral a los 14, aunque bajo un régimen distinto del de los adultos: los adolescentes no podrán ser detenidos, deberán contar con defensa especializada y las sanciones apuntarán, según el texto, a la responsabilización, la educación y la integración social. Entre las medidas previstas figuran la amonestación formal, el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, los programas educativos, la continuidad escolar, la capacitación laboral y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad. También se mantiene la probation, sujeta a reglas de conducta, reparación del daño y permanencia en la escuela.
El Ejecutivo encuadra el cambio como una adaptación a la Ley nacional 27.801 de Justicia Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad de imputabilidad penal y, según se informó, entró en vigencia el mes pasado. Esa norma ya enfrenta obstáculos en los tribunales: en la provincia de Buenos Aires, una jueza dictó una cautelar para evitar que su aplicación inmediata agrave las condiciones de los adolescentes que ya están detenidos. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, resumió la postura oficial en una frase: «No vamos a mirar para otro lado».
Multas que se multiplican y arrestos que se estiran
El capítulo económico es el más visible. Conducir alcoholizado se sanciona hoy con multas de 300 a 2.000 unidades fijas (UF), es decir, entre $351.924 y $2,3 millones, con entre 1 y 10 días de arresto y una inhabilitación de 4 meses a 2 años. La propuesta lleva la multa a un rango de 1.000 a 6.000 UF (hasta $7.038.480), el arresto a entre 5 y 30 días y la inhabilitación a un piso de 6 meses y un techo de 4 años.
La venta ilegal en el espacio público registra el salto más pronunciado: el tope pasaría de menos de $15 millones a 50.000 UF, o sea $58.654.000, casi cuatro veces más. Los ruidos molestos, como la música a alto volumen en áreas comunes de edificios, pasarían de multas de hasta 100 UF ($117.308) a 600 UF ($703.848), sumarían hasta 10 días de arresto, una herramienta que hoy no existe para esa falta, y elevarían las tareas de utilidad pública de entre 1 y 5 días a entre 3 y 15. Portar materiales aptos para provocar disturbios, como bombas molotov, se castigaría con multas de hasta $9.384.640 o hasta 45 días de arresto, además del decomiso.
Nuevas faltas: del acecho al phishing
El proyecto tipifica conductas que hoy no figuran del mismo modo en el Código: el seguimiento o acecho en la vía pública; la obtención de claves, códigos o tokens mediante engaños digitales; la comercialización de datos personales; la portación de dispositivos de interferencia de señales; la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o de transporte; la suplantación de agentes de autoridad; la organización de compraventa informal masiva; el financiamiento de contravenciones reiteradas o de agrupaciones que las cometen; y el entorpecimiento de la videovigilancia pública, con multas de hasta $4.692.320 o 30 días de arresto y la obligación de reparar el dispositivo dañado. Tapia sumó a los deepfakes entre las conductas que el Gobierno quiere sancionar.
Reincidencia: más castigo y menos salidas alternativas
La reincidencia es el eje político del paquete. Las penas subirían un 50% en la primera recaída, un 66,6% en la segunda y un 100% en la tercera, y el concepto se amplía: ya no hará falta repetir exactamente la misma falta, bastará una conducta similar en el espacio público. Se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y los reincidentes quedarían fuera del arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas. Para los trapitos, la reincidencia elevaría el arresto de 60 a 90 días.
En el plano procesal, el texto suprime la condena en suspenso y excluye, para adultos, la suspensión del proceso a prueba. La prescripción de la acción se mantiene en dos años.
Una agenda con antecedentes
El proyecto no surge en el vacío. En junio de 2026 la Legislatura sancionó la Ley 6.961 contra los cuidacoches, con 36 votos afirmativos: arrestos de 10 a 30 días para quienes cuiden autos de manera ilegal, de 20 a 50 en eventos masivos con organización previa y de hasta 60 para jefes y organizadores. Macri justificó entonces el endurecimiento con un dato: 13.149 contravenciones por esas prácticas entre mayo de 2025 y mayo de 2026, con multas que, según dijo, resultaban incobrables. Ya en la apertura de sesiones de marzo de 2025 había anticipado que enviaría cambios al Código para elevar penas y multas y prever arrestos, junto con la creación de un servicio penitenciario propio para alojar a los detenidos de la Justicia local.
La reforma de octubre generaliza esa lógica: lo que se ensayó con una conducta puntual se extiende al conjunto del Código.
Los interrogantes del debate
El texto deberá ahora recorrer comisiones y recinto, en un trámite que, según se anticipó, demandará varios meses. Tres cuestiones concentrarán la discusión. La primera es operativa: más días de arresto exigen lugares donde cumplirlos, un asunto que el Ejecutivo ya había puesto sobre la mesa en 2025 al proponer un servicio penitenciario propio. La segunda es la eficacia: si el propio Gobierno admite que las multas bajas no se cobraban, subir los montos no resuelve por sí solo el problema de la ejecución. La tercera es jurídica y política: cómo encajará una imputabilidad contravencional desde los 14 con el marco de la Justicia penal juvenil, que ya genera controversia en tribunales. El antecedente de junio, aprobado con un respaldo amplio, sugiere margen para negociar, pero el alcance de esta reforma es otro.
De la Redaccion AFEN.
