En pleno viaje del equipo técnico a Washington, el gobierno salió a buscar apoyos políticos para abrir la discusión sobre la falta de legitimidad, pero también de legalidad, del acuerdo que firmó Mauricio Macri en 2018. El presidente Alberto Fernández logró que el FMI accediera a investigar el origen del préstamo. Lo que se acaba de poner en juego a partir de esta habilitación por parte del organismo es cuánto puede descontar la Argentina a partir del conocimiento y difusión de quiénes fueron los que fugaron esa plata.
En la semana previa al viaje de grupo de técnicos, el gobierno se ocupó de buscar apoyos auténticos. No alcanzaba con fotos o marchas. La aprobación de cada sector dependió de las explicaciones que dio el gobierno a cada uno. Por eso Martín Guzmán se convirtió el martes en el primer ministro de Economía en ir a exponer ante la dirigencia de la CGT, encuentro en el que dio a conocer una de las pocas cosas que se saben de los términos del acuerdo: la petición argentina de cuatro años de gracia.
Después, fue el propio presidente quien este viernes ante la Unión Industrial Argentina dijo: “Debemos hacer todo para evitar que vuelva a pasar algo como lo que pasó con el programa que firmó el gobierno anterior y que tanto daño le hizo a la Argentina. Por eso le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”.
Al día siguiente, el FMI respondió que sí, pero que su “revisión” será “ex post”, y que se iniciará el emblemático 20 de diciembre, el día del vigésimo aniversario del estallido social que desató la última crisis financiera, que también involucró toma de deuda y fuga de capitales.
La tercera reunión de búsqueda de apoyo fue con las organizaciones sociales. Anochecía el viernes en la Casa Rosada. La convocatoria había sido a toda la dirigencia social, pero asistieron el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa; y Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y también integrante del Evita, entre otros.
En diálogo con Tiempo, Menéndez contó que “a pedido del gobierno, el FMI accedió a trabajar en la elaboración de un informe”. “Acompañamos las denuncias del presidente respecto de que la justicia estudie las características del acuerdo, pero no descartamos que se inicie una denuncia penal y ante organismos internacionales, porque el acuerdo no debe afectar el crecimiento económico de los próximos años que se puede evaporar en función del pago de la deuda”. “Hay consenso internacional de la ilegitimidad del acuerdo, tiene que estar sobre la mesa”, resaltó Menéndez, en relación a los apoyos conseguidos por Fernández ente los países europeos. “El FMI ha fracasado con sus recomendaciones en todo el mundo. Acá en Argentina se puede generar una tensión de convivencia democrática por el costo enorme del pago de esa deuda en un país con el 40% de pobreza”, sintetizó el dirigente que estuvo el viernes con el presidente.
En ese sentido, el diputado Itai Hagman, integrante del Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois, insiste en impulsar el trabajo de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda. “El condicionamiento de nuestro apoyo tiene que ver con cuál va a ser la política de ingresos para los sectores populares”, dijo y recalcó que, a diferencia de las posturas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), quienes ya adelantaron que votarán en contra del acuerdo en el Congreso, el rechazo de esta fuerza política que integra el Frente de todos “no es ideológico, sino pragmático”.
“Son muchas discusiones distintas, están los aspectos financieros, como la sobre tasa, y están los políticos sobre cuál es el programa económico a aplicar, ya que la cuestión fiscal es un tema sensible y el cambiario también, pero al equilibro fiscal se puede llegar ajustando a los pobres o por vías de recaudación más progresivas”, detalló.
“Es importante saber quiénes fugaron para evitar que vuelva a pasar, porque lo que pasó con Macri es una suerte de repetición y si sigue ocurriendo no tenemos destino. Aunque el Frente de Todos haga todo perfecto, resuelve la deuda, si no investigamos y aprendemos, vendrá alguno que nos vuelva a meter otra vez en un esquema de fuga. Pasó en el 89, en 2001 y en 2018. Hay que echar luz sobre lo que pasó. Sería muy bueno poner la lupa sobre los grandes fugadores y entablar una negociación para recuperar una parte de lo que se fue, lo que se puede llevar a cabo a través de mecanismos impositivos. Es necesario saber qué empresas argentinas fugaron divisas y si son beneficiarias de una política de Estado. En el marco de la política actual de incentivar las exportaciones, no vaya a ser cosa que estemos dando incentivos a empresas que en vez de traer, sacaron. Planteamos que es un instrumento de negociación, más allá de lo penal y los delitos concretos”.
Fuente: www.tiempoar.com.ar
