Diego Chaher, abogado y ex miembro de la Corporación América, estará a cargo del organismo. Se disuelve la Secretaría de empresas y Sociedades del Estado.
Después de meses de negociación con la oposición dialoguista, el gobierno logró conseguir la aprobación de la Ley Bases en el Senado a minutos de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Europa. Con un texto desmembrado y la concesión de embajadas, obras y el manejo de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, el ala política del oficialismo consolidó el triunfo del diálogo por sobre la motosierra y le entregó a una gestión desgastada su primera victoria legislativa en seis meses.
A pesar de no conseguir la aprobación del Impuesto a las Ganancias y el texto original del RIGI, el Senado entregó al Ejecutivo facultades delegadas en materia económica, financiera y administrativa y apoyó la lista de empresas que el gobierno empezará de inmediato a trabajar para privatizar y/o concesionar.
Para llevar adelante este proceso, según pudo confirmar este medio, el gobierno desplazará en los próximos días al actual titular de Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto. El ya ex secretario nacido en Uruguay, fue de las primeras víctimas que arrastró en su salida de la Jefatura de Gabinete el apartado Nicolás Posse. “No queda nadie que responda a él”, fue la orden que salió desde la planta alta de Balcarce 50. Un piso más abajo, obedecieron.
El reemplazo aún no designado de Gonzalez Botto será el abogado mendocino, Diego Chaher. El ex Corporación América y hombre del superpoderoso Santiago Caputo, estará a cargo de llevar las riendas de las privatizaciones, pero lo hará desde un nuevo organismo que será conformado sólo para este fin.
Según pudo confirmar en exclusiva Tiempo, el gobierno disolverá la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado y creará en su lugar la Unidad de Ejecutora de Empresas, desde donde Chaher iniciará las gestiones administrativas necesarias para privatizar Enarsa e Intercargo, concesionar Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), y garantizar el ingreso de capitales privados a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En el último trayecto de las interminables horas en las que el gobierno no lograba conseguir los votos necesarios para aprobar la Ley Bases, Guillermo Francos, José “Cochi” Rolandi y el resto de la mesa chica de negociaciones aceptaron eliminar de la lista de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino, lo que impide al abogado avanzar en la ejecución de las mismas.
A pesar de las limitaciones técnicas, altas fuentes del gobierno adelantaron ante este medio que se avanzará en el cierre definitivo de las mismas. “Vamos a buscar las formas administrativas y seguir todos los pasos para hacerlo. Aunque no tengamos la ley, estas empresas se cierran igual”, informó un importante miembro de la gestión.
El día después de la Ley Bases
Mientras en Casa Rosada las palomas del gobierno celebran el triunfo en el Senado, los talibanes reciben esta media sanción con preocupación. Para los armadores del libertario, que ya piensan más en el 2025 que en la gestión, conseguir esta aprobación obliga al presidente a hacer algo que en seis meses optó deliberadamente no realizar: tomar decisiones.
Para cualquier gobierno que desee tener un margen razonable de aceptación, la construcción de un relato es elemental para consolidar el poder político y el protagonismo de la agenda diaria. En la gestión de Milei la pelea contra “la casta” y sus modus operandi son un eslabón clave en la comunicación de un oficialismo cuyo último triunfo político fue en las urnas el pasado noviembre.
Al conseguir la aprobación del extenso paquete de ley con el apoyo de la “vieja política”, los experimentados encargados de construir la comunicación presidencial entienden que desde ahora el presidente ya no podrá echar culpas por cualquier error -forzado o no- que surja en la gestión sino que, a fin de cuentas, deberá hacerse cargo.
“Gobernamos seis meses sin una ley, podríamos haber estado otros seis más hablando contra la casta y cuando nos queríamos dar cuenta ya estábamos en campaña y ganábamos las legislativas con 50% de los votos”, razonó con una perspectiva contrafáctica un habitué del despacho presidencial. Con un final opuesto, el gobierno, admite la misma fuente, deberá trabajar para mejorar la realidad económica, única variable de la que dependerá la suerte del oficialismo en las elecciones del próximo año.
Fuente: Tatiana Scorciapino para Tiempo Argentino
