El debate sobre el arancelamiento y las políticas de desfinanciamiento de la universidad pública se intensifica bajo la presidencia de Javier Milei, amenazando un sistema que ha sido pilar del acceso equitativo al conocimiento en Argentina.
Marcos Cogni
La educación superior gratuita y universal en Argentina es uno de los logros más importantes de la historia educativa del país. Este derecho fue consolidado con la Reforma Universitaria de 1918 y más tarde reforzado en la década de 1940 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Desde entonces, la universidad pública ha sido vista como un motor de movilidad social y un espacio fundamental para la formación de ciudadanos críticos y profesionales de diversas áreas. La importancia de este modelo radica en su capacidad de ofrecer igualdad de oportunidades, especialmente en un país con profundas desigualdades sociales y económicas.
Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei y su partido La Libertad Avanza, el sistema de educación superior pública enfrenta una crisis inminente. Las propuestas de arancelamiento y las políticas de desfinanciamiento generan temor entre académicos, estudiantes y ciudadanos en general, quienes temen que se desmorone uno de los pilares fundamentales de la equidad social. Este trabajo examinará el rol histórico y actual de la universidad pública en Argentina, la situación crítica en la que se encuentra y la importancia de defender su carácter universal, gratuito y de calidad.
La lucha por la educación superior gratuita
El acceso universal y gratuito a la educación superior no siempre fue una realidad en Argentina. A principios del siglo XX, el sistema universitario era restrictivo, elitista y orientado a un pequeño sector de la sociedad. La Reforma Universitaria de 1918, impulsada desde la Universidad Nacional de Córdoba, marcó un punto de inflexión. Este movimiento exigía la democratización de la enseñanza, la autonomía universitaria y la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno. Estos principios no solo revolucionaron la universidad argentina, sino que también influyeron en el modelo educativo de toda América Latina.
En las décadas siguientes, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón en 1949, se estableció formalmente la gratuidad de la enseñanza universitaria. Este hito fue clave para ampliar el acceso a sectores históricamente marginados y consolidar la idea de que la educación era un derecho y no un privilegio. A partir de entonces, miles de estudiantes provenientes de familias trabajadoras pudieron acceder a la universidad, elevando los niveles de formación en la población y promoviendo la movilidad social.
La universidad pública se convirtió en una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos. A lo largo de las décadas, las instituciones de educación superior no solo han formado profesionales en áreas clave para el desarrollo del país, sino que también han sido centros de investigación y producción de conocimiento, esenciales para el crecimiento económico y social.
El rol de la universidad pública en Argentina
La universidad pública argentina no solo ha sido un espacio académico, sino también un ámbito de transformación social y cultural. Desde sus aulas han surgido movimientos sociales, avances científicos y debates intelectuales que han influido en la historia del país. La universidad ha jugado un rol fundamental en la formación de profesionales en áreas claves como la salud, la ingeniería, las ciencias sociales y la educación, quienes, en muchos casos, han sido responsables de los grandes avances científicos y tecnológicos del país.
Además, las universidades públicas han sido un actor crucial en la reducción de las desigualdades sociales, al brindar oportunidades educativas a jóvenes de sectores vulnerables. En un contexto de crisis económicas recurrentes, la universidad ha permitido que miles de estudiantes accedan a una formación de calidad sin el peso de costosos aranceles, algo que sería impensable en un sistema privatizado o arancelado.
Sin embargo, más allá de su rol formativo, la universidad pública también ha funcionado como un espacio de construcción de ciudadanía. A través del debate y la reflexión crítica, las universidades han sido escenarios donde se gestan ideas para el cambio social, promoviendo la justicia social y los derechos humanos.
El presente: amenazas y desafíos
Hoy, la educación superior pública en Argentina enfrenta una encrucijada crítica. El gobierno de Javier Milei ha propuesto una serie de reformas neoliberales que incluyen el arancelamiento de la universidad pública y la reducción del presupuesto educativo. Bajo la lógica del «usuario-pagador», se busca que los estudiantes asuman el costo de su formación, rompiendo con el principio de gratuidad que ha caracterizado al sistema durante décadas.
Estas políticas de desfinanciamiento y arancelamiento representan una amenaza directa a la equidad en el acceso a la educación. Las universidades públicas, que ya venían enfrentando problemas presupuestarios en años anteriores, sufrirían aún más con los recortes, afectando la calidad educativa, la investigación y la extensión universitaria. Las carreras científicas, muchas de las cuales dependen de financiamiento estatal, se verían gravemente afectadas, poniendo en riesgo el desarrollo del país en áreas estratégicas.
Además, el arancelamiento podría generar una barrera insalvable para muchos estudiantes de sectores populares que, a pesar de la gratuidad, ya enfrentan dificultades económicas para mantenerse en la universidad. Esto podría incrementar las tasas de deserción y reducir significativamente el número de graduados, lo que a largo plazo afectaría el tejido social y productivo del país.
La necesidad de luchar por una universidad pública, gratuita y de calidad
Ante este panorama, la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad se convierte en una prioridad para amplios sectores de la sociedad. Académicos, estudiantes y organizaciones sociales han comenzado a movilizarse en contra de las políticas del gobierno, conscientes de que la privatización de la educación solo profundizaría las desigualdades existentes.
La educación superior es un derecho humano que debe estar garantizado por el Estado, no un bien de consumo accesible solo para quienes puedan pagarlo. Mantener la gratuidad y la calidad de la universidad pública no es solo una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo estratégico para el país. Un sistema universitario público fuerte, con recursos suficientes y accesible para todos, es fundamental para la construcción de un futuro con mayores oportunidades y menor desigualdad.
La universidad pública argentina ha sido, durante más de un siglo, una herramienta clave para el desarrollo social, económico y cultural del país. Frente a las políticas de arancelamiento y desfinanciamiento impulsadas por el nuevo gobierno de Javier Milei, es crucial que se defienda su carácter universal y gratuito. La educación superior pública no solo garantiza el acceso al conocimiento para todos los sectores sociales, sino que también es un motor de crecimiento y justicia social. Defenderla es defender el futuro de la Argentina.
