Por Horacio Rovelli
En un marco adverso como es el coronavirus que es mortal y sumamente contagioso, se genera con ello el derrape de los precios del petróleo y de los comodities por la menor demanda de China, con lo que castiga de doble manera a nuestro país, en primer lugar, porque nosotros exportamos básicamente alimentos y, en segundo término, porque se tienen fundadas expectativas en la extracción de petróleo y gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta en sus 30.000 kilómetros cuadrados abarcando las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
En ese marco, la Argentina se encuentra en plena negociación con sus acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión de Cambiemos y que empoderó a grandes fondos de cobertura o inversión financiera como lo son BlackRock, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, entre otros, fondos que crecieron tras la crisis internacional del año 2008 de los bonos de securitización, reemplazando a grandes bancos por un lado y administrando aportes de capitalización de jubilaciones y pensiones privadas, por otra parte.
Es como administradores de esos cuantiosos activos que ven el negocio de prestarle a tasas de usura a países como el nuestro, que financiaron su déficit fiscal que es en moneda local y sin embargo tomaron divisas que, cuando la situación cambia, no se puede determinar su precio y no se puede pagar.
Por ejemplo, BlackRock administra activos financieros por varias veces el PIB argentino (PIB equivalente a 352.300 millones de dólares) teniendo acciones de Monsanto – Bayer, BASF, Coca Cola, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, General Electric etc. y, es uno de los principales tenedores de títulos de deuda del Tesoro de los EEUU, país que es el principal deudor de la tierra con un pasivo de 22 billones de dólares (62,5 veces el PIB argentino).
Estos grandes fondos representan al capital financiero internacional y tiene clara influencia sobre los Estados y sus gobiernos, como sobre importantes palancas de producción y comercialización de la economía mundial.
El Dr. Arturo Illia solía decir que “no temía al de afuera que nos quiere comprar, sino a los de adentro que nos quiere vender” y, el conflicto interno se desata cuando el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: “Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista”, para continuar con “…el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.
El Tesoro de la Nación Argentina se endeudó por 129.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, de los cuales 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el FMI.
Cuando asumió Mauricio Macri las reservas internacionales del BCRA ascendían a 25.092 millones de dólares y cuando se fue eran solamente 45.190 millones, quiere decir que de los 129.000 millones ingresado por deuda hay 108.902 millones que no sabemos a ciencia cierta en que se gastó, quienes se lo compraron al BCRA, etc. etc.
Fácil es deducir que los que pueden comprar esas divisas son los sectores más ricos dela sociedad y, entre ellos, obviamente, las 50 familias residentes en la Argentina que aparecen en la Revista Forbes de los EEUU entre las 2.000 personas más ricas del mundo; las 211 familias y sociedades que son dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios que poseen11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables) en la Provincia de Buenos Aires; o los Benetton; los Joseph Lewis; los Hiriart; los Walbrook; los Soros; entre otros grandes latifundistas de este país. Igual podríamos decir de los dueños de los bancos, petroleras, mineras y grandes comercios que operan en el país.
Y es allí donde la funcional a esos intereses Mesa de Enlace convoca a un paro agrario por 96 horas, iniciando un desgaste del gobierno que quieren hacer jugar con el delicado frente externo.
EL FRENTE EXTERNO
Parte de la deuda externa total, equivalente a 324.300 millones de dólares está en moneda y en jurisdicción extranjera, razón por la cuál con fecha 10 de marzo de 2020, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 250/20 para reestructurar esa deuda que suman 68.842 millones de dólares, que son los bonos emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020, confiriéndose al Ministro de Economía, Martín Guzmán, la autoridad para efectuar la renegociación con los acreedores y reestructurar la deuda
El Decreto del Poder Ejecutivo también lo faculta a que pueda prorrogar la jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres, y Tokio como fue en su emisión original. La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana es exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen, pero no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que posee en el exterior la Nación Argentina
La exigencia de al menos parte importante de los tenedores de esos bonos era que la Argentina presente junto a su reestructuración un plan de pago, plan que nace de los supuestos de superávit comercial y del superávit fiscal necesario para comprar esas divisas y poder afrontar las obligaciones.
Cuando el Ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo la presentación del plan en el Congreso de la Nación, se refirió a algunos escenarios que en el mejor de los casos iba poder permitir pagar entre el 1% o 1,2% del PIB (Unos 4.000 millones de dólares) en el año 2023, con lo cual estaba infiriendo que se suspenden los pagos por los años 2020, 2021 y 2022.
Es de suponer que los grandes fondos de inversión financiera o de cobertura como los nombrados son tenedores de parte importante de los títulos de deuda del Decreto 250/20 y, no van a estar dispuestos a esperar tres años para poder cobrar parte de los intereses, tampoco van a esperar para cobrar la amortización del capital e incluso con respecto a aceptar quitas en el capital adeudado, que son las tres variantes de la reestructuración. Es más, esos fondos tuvieron reuniones con el Ministro Guzmán y la prueba de que no se ha arribado a un acuerdo, es la baja sistemática del precio de esos títulos en los mercados internacionales.
Si a ello le sumamos el marco internacional desfavorable y el conflicto interno con los privilegiados de siempre, en conjunto tornan la situación en sumamente difícil y no sería raro que, ante ello, en varios títulos la Argentina, en forma unilateral, reestructure el capital adeudado, los plazos y la tasa de interés, que en el caso de los títulos comprendido en el Decreto 250/20 implicará por parte de sus tenedores, la correspondiente presentación judicial y, con ello, otra vez se agiganta la sombra del Juez Thomas Griesa y su fallo a favor de los acreedores del país
Pero no hay otro camino posible, más que sabemos lo inútil que fue acatar el fallo del juez Griesa para el país (solo benefició a los que formaron parte de esa estafa, gobierno de Macri incluido) y, por lo tanto, es imprescindible hacer conocer el estado real de situación a todo el pueblo argentino
Este gobierno tiene experiencia propia en el caso, por ejemplo, cuando el Director Ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, informó lo que ganan por jubilación los jueces, fiscales, camaristas, un haber medio de $ 293.100.- por mes y, en el caso del personal diplomático de $ 335.934.- mensuales, cuando la jubilación mínima que perciben la mitad de los 7.250.000 jubilados y pensionados nacionales es de $ 14.068.- se acabó la discusión y el privilegio.
Ahora se trata de mantener la misma actitud con la reestructuración de la deuda, y por eso no debe apartarse al respecto de la huella que dejó Néstor Kirchner. Una posición de negociación necesaria y racional de parte del Gobierno pero a la vez de no hay aflojar sobre las pretensiones de máxima de los grandes fondos de inversión cuando estas pongan en riesgo las posibilidades de sustentabilidad de la misma o el desarrollo posterior del país.
