Está próximo a vencer el plazo de 180 días fijado por el DNU para transformar a las empresas públicas en sociedades anónimas. El gobierno insistirá en el Congreso con las que quedaron fuera de la Ley Bases y prepara una estrategia de ahogo presupuestario para justificar la venta. ¿Hay comprador para Aerolíneas?
La sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara de Diputados se concretó este viernes por la madrugada, cuando se cumplieron seis meses desde su presentación en el Congreso. El trámite implicó negociaciones tortuosas con el arco opositor, incluyó el despido de Nicolás Posse como jefe de Gabinete, obligó al Gobierno a reacomodar la relación con el Legislativo y sumó un intento fallido en febrero por errores no forzados. También originó una serie de concesiones y resignaciones de la versión original para llegar a la ley posible. La Casa Rosada ahora buscará limitarlas o revertirlas, porque los 180 días no sólo fueron el tiempo que Javier Milei tuvo que esperar para contar con las dos primeras leyes de su presidencia. Además es el lapso que fijó el DNU 70/23 para transformar a todas las empresas públicas en sociedades anónimas, uno de los costados menos advertidos del decreto redactado por Federico Stuzenegger. El extitular del Banco Central ahora no tiene cargo pero será designado como ministro de Modernización. El DNU también cumplió seis meses: rige desde el 21 de diciembre, no perdió vigencia porque sólo fue rechazado por el Senado y esta semana, antes de que caduque el plazo previsto, será utilizado para activar su capítulo segundo.
«Los vimos muy heridos por lo que pasó en el Senado. No les gustó nada sacar a tres empresas del paquete de privatizaciones. Estaban obsesionados con Aerolíneas Argentinas», confió a Tiempo una fuente parlamentaria para confirmar que al presidente le quedó un sabor agridulce. La fuente pertenece a uno de los bloques opositores que nunca perdieron la interlocución con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y su segundo, José «Cochi» Rolandi.
Cuando concluyó el debate de la Cámara Alta y fueron introducidas 40 modificaciones, los dos funcionarios regresaron a Diputados y no ocultaron el malestar por la versión que quedó del paquete de privatizaciones. A pesar de los intentos para que Diputados revirtiera y desconociera los cambios introducidos en el Senado, finalmente la letra de la Ley Bases quedó con un paquete de privatizaciones acotado, sin Aerolíneas, el Correo y Radio y Televisión Argentina. Para su exclusiva venta quedaron Energía Argentina (ENARSA) e Intercargo, mientras que el listado de privatización o concesión incluye a Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales Sociedad Anónima. La nómina se completa con la venta de acciones, con mayoría estatal de Nucleoelectrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
«Parece que con Aerolíneas tienen un comprador», aseguró otro testigo de las negociaciones, que no descarta la llegada al Congreso de un nuevo proyecto de ley para venderla, junto a otras empresas que quedaron afuera del primer paquete de privatizaciones que tenía a 41 empresas públicas que fueron quedando en el camino de la accidentada negociación que afrontó el Gobierno para evitar quedarse sin ninguna ley. En la Casa Rosada anticiparon que preparan un repechaje legislativo para insistir con la venta de Aerolíneas Argentinas y la reforma del Banco Nación para vender una parte de sus acciones, pero siempre con mayoría estatal. Tal como contó Tiempo en su edición digital, avanza la creación de una Unidad Ejecutora de Empresas del Estado, que tendrá en sus funciones el diseño de los pliegos para privatizarlas. El control de cada empresa no quedará en ese organismo, que estaría en manos de Diego Chaher, sino que será transferido a cada ministerio. Actualmente están dentro de la órbita de la jefatura de Gabinete, y ahora que la Ley Bases fue aprobada comenzará otro proceso que combinará la aplicación de la norma, junto a un achicamiento de sus presupuestos para el año próximo, la transformación de las firmas del Estado en sociedades anónimas y el envío de nuevas leyes para insistir con algunas ventas.
El interrogante que comparten diputados y senadores gira en torno a los tiempos. Cerca del ministro coordinador aseguran que la arremetida por Aerolíneas podría concretarse este año, pero frente a un segundo semestre donde la agenda legislativa tiene otros objetivos determinantes. El primero apunta al 15 de septiembre. Ese día vence el plazo para que el Ejecutivo envíe el proyecto de Presupuesto 2025. Podrá ser debatido hasta antes de fin de año, pero ya está en plena redacción dentro del Palacio de Hacienda. Quedan 75 días para que sea terminado y presentado.
Fuente: Por Claudio Mardones para Tiempo Argentino
