El Gobierno porteño prorrogó hasta el 1 de diciembre los contratos de las siete estaciones que realizan las verificaciones técnicas vehiculares. La medida busca garantizar la continuidad del servicio mientras avanza la implementación del nuevo sistema, que permitirá sumar talleres mecánicos y concesionarias como prestadores.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió extender durante dos meses el funcionamiento de las siete plantas habilitadas para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La decisión apunta a evitar interrupciones en el servicio mientras se completa la adaptación al régimen establecido por la Ley 6.963, en un contexto de controversias entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por los incrementos en el costo de este trámite obligatorio.
La prórroga beneficia a las empresas que prestaban el servicio mediante el sistema de concesiones vigente desde 2016. Sus contratos finalizaron el pasado 1 de octubre, pero podrán continuar operando hasta el 1 de diciembre, según lo dispuesto por las autoridades porteñas.
El plazo adicional demora la aplicación integral del nuevo esquema, que permitirá a talleres mecánicos y concesionarias incorporarse a la red de establecimientos autorizados para inspeccionar vehículos particulares. La reforma, aprobada por la Legislatura en agosto, suprimió el cupo de estaciones habilitadas y estableció un sistema de competencia entre prestadores, con libertad para determinar las tarifas, salvo las excepciones contempladas para determinados beneficios sociales.
Aunque el Gobierno porteño habilitó en agosto el registro de interesados y estableció las condiciones para incorporarse al sistema, hasta el momento ningún taller mecánico ni concesionaria consiguió la autorización para realizar las revisiones. No obstante, distintos establecimientos ya efectuaron consultas y presentaron solicitudes para sumarse a la actividad.
Para obtener la habilitación, los aspirantes deben demostrar que cumplen con los requisitos técnicos, edilicios y operativos. El procedimiento incluye la entrega de documentación, el análisis administrativo de cada solicitud y una inspección presencial para verificar las instalaciones y los equipos disponibles.
Entre las condiciones obligatorias se encuentran acreditar la disponibilidad legal del inmueble, contar con la habilitación correspondiente en la Ciudad y designar a un ingeniero matriculado como director técnico. También se debe especificar qué clases de vehículos estará en condiciones de inspeccionar cada establecimiento.
El equipamiento requerido incluye un frenómetro, un alineador de faros con luxómetro, un detector de holguras y un dispositivo para comprobar la alineación de la dirección. A estos elementos se suman un decibelímetro, un opacímetro para vehículos diésel y un analizador de gases destinado a motores nafteros.
Los instrumentos deberán calibrarse periódicamente: los controles se realizarán cada seis meses o después de completar 6.000 inspecciones, de acuerdo con el plazo que se cumpla primero.
La reglamentación incorpora, además, exigencias vinculadas con el registro y la transmisión de la información. Cada centro tendrá que disponer de un sistema informático que permita almacenar los resultados de las revisiones, recibir los datos generados por los equipos y enviarlos en tiempo real a una plataforma centralizada, con acceso permanente para las autoridades responsables del control.
Las plantas actuales sostendrán el servicio
Mientras se completa el proceso de incorporación de nuevos operadores, las siete estaciones que ya funcionan en territorio porteño continuarán atendiendo a los usuarios. La extensión de los contratos se apoya en el mecanismo transitorio previsto por la Ley 6.963, que estableció una integración gradual de los nuevos establecimientos a medida que vencieran las concesiones existentes.
El propósito de ese esquema es mantener la prestación sin interrupciones y ofrecer a los futuros operadores el tiempo necesario para adecuar sus instalaciones y equipamientos a las exigencias técnicas establecidas.
La decisión de extender las concesiones evidencia que la puesta en marcha del nuevo modelo requerirá un período de transición mayor al previsto inicialmente. Antes de autorizar a nuevos prestadores, la administración porteña busca comprobar que estén dadas las condiciones para garantizar inspecciones seguras y ajustadas a los parámetros reglamentarios.
La reforma también introdujo cambios en la frecuencia con la que deben realizarse las verificaciones. Según el esquema establecido, el primer control corresponde a los cinco años del patentamiento; posteriormente, la revisión debe repetirse cada dos años hasta que el vehículo alcance los diez años de antigüedad. A partir de ese momento, la VTV pasa a ser anual.
Sin embargo, la información oficial disponible hasta el 16 de octubre no aclaró si ese nuevo cronograma ya comenzó a regir durante el período de extensión de las concesiones actuales.
