La jueza Preska determinó que las acciones de la petrolera en poder del Estado nacional vayan a parar a las manos de un fondo buitre. De concretarse, tendrá el control de una empresa que domina por lejos el negocio energético de la Argentina y, además, tiene pretensiones de proyectarse al mundo.
La jueza de Nueva York Loretta Preska determinó el lunes pasado que el 51% de las acciones de YPF en poder del Estado nacional deben ir a parar a manos del fondo buitre Burford Capital. La decisión tuvo un impacto inmediato en el gobierno nacional, las provincias donde YPF produce petróleo y gas y en el sector empresario.
La administración de Javier Milei ya le avisó a Preska que apelará su sentencia al tiempo que otros fondos buitre le pidieron a la jueza que los incluya en el reparto de las acciones de la petrolera semi estatal.
En tanto, se ha abierto una vía de negociación entre los representantes del gobierno nacional y Burford. El fondo buitre aspira a presentar una propuesta digerible y viable para la Casa Rosada, que incluiría una baja sustancial de la cifra que pretendería cobrar. Mientras que el fallo de Preska ubica ese monto en U$S 16 mil millones, el valor “realista” que Burford estaría dispuesto a cobrar se reduciría a U$S 5000 millones.
Esta maniobra pone de relieve cuál es el verdadero papel del fallo de Preska, que viola al menos dos normas elementales de las relaciones entre Estados: de un lado, la inviolabilidad de los derechos de los Estados y, del otro, la injerencia en los asuntos internos de otro país ya que la entrega de esas acciones solo se puede realizar si el Congreso lo autoriza. En otras palabras, se trataría de un apriete para imponerle a la Argentina la obligación de negociar con los buitres.
Articulo publicado por Randy Stagnaro en Tiempo Argentino, para continuar leyendolo ingresar a:
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