Los medios de Brasil sostienen que se fugaron a la Argentina. En Cancillería no confirman pedidos de asilo.
Mientras se multiplican los indicios de que decenas de personas de origen brasileño prófugas de la Justicia requirieron asilo político en Argentina, a partir del inicio de la gestión de Javier Milei, el gobierno nacional sostiene una actitud sigilosa e insiste en que no hay “pacto de impunidad”.
En esa línea, diversas fuentes oficialistas se diferenciaron de las publicaciones en medios de Brasil que, basándose en lo transmitido por la embajada de ese país en Buenos Aires, y en conversaciones con funcionarios argentinos, aseguran que la canciller Diana Mondino envió un listado con información sobre 60 de los 143 individuos buscados al otro lado de la frontera por el ataque masivo a las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Tras las consultas realizadas por Tiempo, la embajada de Brasil confirmó que Cancillería respondió el pedido de información originado en la investigación del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Justicia. Ya el martes 18 de este mes, el vocero Manuel Adorni aseguró que el Ejecutivo se mantiene apegado a la ley y no ayuda en ningún modo a migrantes con causas pendientes. El miércoles se publicó en UOL y CNN Brasil la noticia sobre la colaboración bilateral.
Los prófugos brasileños y la Conare
Este medio realizó consultas para comprender mejor la argumentación del oficialismo libertario. Tanto en el Ministerio que conduce Mondino como en la Dirección Nacional de Migraciones insisten sobre la responsabilidad que pesa para proteger la integridad de los datos personales, así como cualquier tipo de proceso de pedido de asilo político. “Venga de donde venga, sea quien sea”, expresaron las fuentes.
Además, las mismas fuentes recomiendan poner el foco en cómo ocurrieron -”si es que ocurrieron”, responden remarcando, lo que consideran de momento inconfirmable- el cruce de fronteras de personas con prisión domiciliaria que llegaron a Argentina.
Brasil de momento no activó alertas rojas en Interpol ni tramitó pedido alguno de extradición, por lo que Migraciones no encontraría razón para obstaculizar el ingreso de brasileños.
De todos modos, la Conare queda en el centro de la polémica. El sigilo extremo que sostienen en pos de respetar los largos procesos de refugio y asilo impide al gobierno afirmar o negar las informaciones que fluyen en medios brasileños, los cuales a su vez subrayan su diálogo en estricto off con integrantes del mileísmo. Por contraste, el 7 de junio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el retiro de la condición de refugiado a cuatro personas de origen paraguayo, acusadas de terrorismo.
«El gobierno argentino, a través de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), ha decidido retirar el estatus de refugiados a aquellas personas que no están aquí por cuestiones políticas sino que han cometido actos criminales en sus países”, dijo aquel día la ministra. Fue un día antes del surgimiento de la noticia sobre la presencia de militantes del bolsonarismo prófugos en la zona de AMBA.
En medio de las especulaciones, cabe describir la conformación del organismo. En las sillas que evalúan solicitudes de asilo político hay representantes de Cancillería, los Ministerios de Justicia y Capital Humano, la ahora vicejefatura de Gabinete del Interior, y sólo un miembro exterior al gobierno, perteneciente a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Fuente: Sebastián Rodríguez Mora para Tiempo Argentino
