Una investigadora del CONICET analiza los factores que influyen a la hora de implementar la Ley. Además, aclara que no están prohibidas las internaciones involuntarias y destaca la importancia de dispositivos que garanticen la continuidad de tratamiento.
Magalí de Diego (Agencia CTyS-UNLaM) – A partir de los casos de rehabilitación de Chano Moreno Charpentier y Felipe Pettinato, en la sociedad se abrió un mediatizado debate en torno a si se necesita una reforma en la Ley Nacional de Salud Mental. Como toda lucha por los derechos, su concreción implicó un largo proceso y, tal y como asegura la doctora en Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora del CONICET, Jorgelina Di Iorio, “las leyes son el resultado de conquistas populares y profundos debates”.
Un largo camino fue transitado por la sociedad argentina para poder construir esta norma que se abrió paso en un mundo que supo ver a las “personas que tienen padecimientos de salud mental” como “enfermos mentales”, “alienados” o “locos” que tenían que vivir hacinados y maltratados lejos de la sociedad. Aunque el avance en la generación de tratamientos y dispositivos de atención que garantizan los derechos de las personas con padecimiento mental son evidentes, una parte de la sociedad pide su modificación. ¿Qué se pide? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se puede solucionar?
Di Iorio, integrante del eje de Salud Mental de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET, sostiene que “el problema no es la ley, sino su implementación. En este sentido, hay corresponsabilidades: un equipo de salud interdisciplinario que evalúa el riesgo para si o para terceros y decide una internación involuntaria, gobiernos locales y nacional que aumenten el presupuesto para el sector, más dispositivos intermedios y mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de salud. También tenemos que trabajar sobre estigmas y prejuicios que persisten en la sociedad ante este tema”
El reclamo que disparó el debate planteaba la necesidad que tienen los familiares de poder internar a sus allegados con cuadros de adicción incluso en contra de su voluntad. “La cuestión -aclara Di Iorio- es que, contrario a lo que se cree, no hay ninguna prohibición ante esto. Hay que leer en detalle la letra de la ley. Allí se establece que, como toda la atención en salud, se trata de una atención integral, es decir, que tiene que haber distintos tipos de respuesta terapéutica según lo que le pasa a cada paciente. Una de esas respuestas es la internación voluntaria e involuntaria planteadas en el artículo 20 y 21 de la ley”.
“Por eso, -continúa- a la ley no hay que modificarla. Se trata del producto de un trabajo de múltiples organizaciones, usuarios del sistema de salud mental, familiares, organizaciones académicas, trabajadores y especialistas en derechos humanos. Ellos, justamente, fueron construyendo ese marco normativo en función de las experiencias y de lo que es reconocido como un déficit dentro del campo de la salud mental y las adicciones, tomando como referencia modelos similares de países como Italia y Brasil”, detalla la especialista, quien trabaja en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA.
La investigadora plantea que es sumamente legítimo lo que plantean las familias: no siempre se puede o se tiene los recursos para acompañar, así que necesitan una respuesta efectiva. “El punto a contemplar es que la respuesta no siempre es una internación. Cuando se cumple el criterio para la misma-evaluado por un equipo interdisciplinario- se habilita a internar en un hospital general. Lo cierto es que no siempre esto está garantizado en las instituciones”, recalca Di Iorio.
Otro elemento fundamental para la investigadora se encuentra en el desarrollo de dispositivos intermedios que acompañen y hagan un seguimiento de las personas con padecimiento mental. “Con ellos -puntúa- podremos anticiparnos y acompañar a la persona, e ir evaluando como está, si hay alguna crisis, si se necesita otro tipo de atención, incluso si eso fuera una nueva institucionalización. Esto no quiere decir que la persona tenga que estar internada de por vida, que es algo que en nuestro país sucedió mucho y en condiciones poco dignas, vulnerando sus derechos”.
“Cuando alguien sale de la institución ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede entre esa internación y una posible nueva crisis? ¿Quién lo acompaña? Los padecimientos de salud mental no se pueden entender tan linealmente. Hay una multiplicidad de síntomas y procesos que tenemos que atender y que pueden responder a distintos padecimientos”, agrega Di Iorio.
Como suele ocurrir, lo que llega mediáticamente son casos complejos y para temas tan intrincados no suele haber respuestas simples. En esta línea destaca que “se suelen dar debates falsos que rondan en torno a si hay que internar o no, pero en realidad hay que pensar de forma colectiva y compleja, desde lo interdisciplinario, interseccional e integral. Algo básico para el abordaje de la salud”:
“Estamos en un país federal, amplio y diverso que ha ido generando programas, espacios, instituciones que acompañen a quienes están atravesados por estos padecimientos, pero aun falta mucho. Y esto también tiene que ver con que haya mejores condiciones para quienes trabajan en el sistema de salud y que se aumente y ejecute el presupuesto establecido por ley para aplicar a la atención en salud en general. Porque cuando hablamos de salud mental hablamos de salud integral”, subraya.
Leyes complementarias
Como parte de las estrategias para generar un cambio real en el paradigma de la salud mental, la educación resulta un factor fundamental. “Parte de los estigmas que prevalecen hacia las personas con padecimientos de salud mental tiene como raíz la falta de información, pero no es solo un tema de acceso a información, sino las creencias que se construyen socialmente. Todavía persiste la idea de contagio, o del «loco peligroso”, explica la especialista.
“Si uno piensa la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) -continúa Di Iorio- hay contenidos que tienen que ver con el cuerpo y uno los puede trabajar desde el cuidado de esta área”. Entendiendo la salud mental como parte de la salud integral, un sinfín de espacios y materias pueden abordar esta temática.
“La salud mental no es ausencia de enfermedad, es el bienestar y la capacidad de poder disfrutar de la vida cotidiana y de sus vínculos y actividades. Mucho de eso se trabaja en la escuela, por ejemplo, al reducir estigmas y discriminación por cualquier tipo de diferencia y fomentando los espacios de respeto y diálogo para tratar problemas asociados a este área”, detalla la investigadora.
Sin embargo, para Di Iorio, pensar en poder dialogar y debatir sobre, por ejemplo, consumos problemáticos requiere, además, un profundo debate sobre la despenalización de la tenencia de sustancias para consumo. “La vigencia de la ley de drogas hace que persista una mirada centrada en la prohibición, en lo ilegal y eso hace que sea más difícil de contar cuando alguien la está pasando mal con su consumo, porque se la juzga. Esto incluso sigue pasando entre profesionales de la salud”, concluye.
