Por Daniel García Delgado
El colapso parece evidente. ¿Seremos empujados a una guerra de todos contra todos hasta la extinción de la civilización humana? ¿Lograremos, por el contrario, salir del cadáver del Capital, quizás mediante una revolución sin subjetividad ni voluntad política? ¿O se trata, más bien, de aprovechar la interrupción de transformar el confinamiento en un proceso colectivo de autoanálisis? Lo seguro es que cruzamos un umbral: ya no hay normalidad a la que volver. ¿Podremos resistirnos a lo probable y burlar lo inevitable?
Franco Berardi Bifo
En cierta forma los temas de trasparencia, integridad y ética pública habían sido patrimonio de la derecha, en la medida que gran parte de los golpes blandos, o no tanto, fueron hechos en nombre del law fare y de la corrupción de los gobiernos populistas o progresistas que había en América Latina hasta el 2015. Digamos que la nueva derecha y las nuevas formas de intervención buscaron legitimarse por una presunta eticidad que tendrían los mercados sobre la política, los gerentes eficaces sobre funcionarios de carrera y los empresarios exitosos por los políticos profesionales.
Podemos y debemos deconstruir esta perspectiva de la transparencia utilizada por el anterior gobierno, y en ese sentido, la ética pública permite contar con una racionalidad sustantiva y no solo procedimental (catálogos, códigos, decretos) como fuera la ley de ética pública que sancionó el menemismo, que luego corrigió Cavallo, y que reglamentó finamente Cambiemos con los resultados conocidos por todos. Lo mismo que la lucha desarrollada por la OA. De este modo la ética pública puede fijar una concepción del Estado y del bien común, un Estado presente, de justicia en momentos de incertidumbre y complejos. Se trata de una perspectiva de fines, teleológica que abarca el Estado en sus distintos poderes y también a la sociedad civil. En ese sentido, no considera que el problema ético central esté en el conflicto de intereses funcionarial, en la política, sino en la modalidades de vinculación del sector privado de un capitalismo corporativo y de cómo las elites se vinculan con el Estado tanto en la captura del mismo o desde fuera de él. [1]
Hablar sobre ética pública incorpora la dimensión agonal de la política y también negociadora, pero en todo caso no como un problema técnico, de gobernanza, gobierno abierto, de mayores controles jurídicos sobre conductas individuales, sino como conflicto entre proyectos e intereses, entre maneras de entender el bien. No son solo procedimientos o buenas prácticas las que aseguran una ética pública, transparencia e integridad, sino una lucha política por un modelo de país más justo, inclusivo y viable. Recupera la política frene a lo técnico, procedimental, los sustantivo y la anti política, y evita el riesgo de acotar el tema a una preocupación por discrecionalidad de funcionarios, el conflicto de intereses.
Sobre el desarrollo, estamos replanteando en este momento un modelo de desarrollo de nueva generación. En ese marco, la inclusión es uno de sus finalidades pero la experiencia y el contexto indican que se requiere que ese modelo sea: i. sustentable (macroeconómica, social y ambiental), donde lo sustentable macroeconómico remite a evitar el ciclo, los desequilibrios fiscales, la restricción externa y ciclos stop and go, en definitiva, la crisis de divisas y reservas del Banco Central. La sustentabilidad social se plantea frente a la creciente desigualdad. La sustentabilidad ambiental implica considerar la transición ecológica a encarar. ii. Que sea productivo, lo que hace referencia a la economía real más que a la virtual, a la inversión más que a la especulación; a la generación de empleo más que a la captura de rentas; iii. Y por último, que sea con mayor valor agregado implica, frente a las tendencias primarizadoras, apuntar a una fuerte incorporación de ciencia y técnica a las producciones, promover la industrialización y diversificación de la estructura productiva. A partir de estas aclaraciones desarrollamos dos puntos: 1. Transparencia e integridad en el Frente de Todos 2. Transparencia e integridad en el Estado, y 3. Ética en la sociedad civil.
1. Transparencia e integridad en el Frente de Todos
Podemos tomar algunos datos o características del tema de transparencia configurado en el gobierno de Cambiemos para generar un contraste con la perspectiva del nuevo gobierno. En el primero fue posible distinguir funciones latentes y manifiestas del concepto de Transparencia utilizado como eje de su relato. En lo latente la transparencia estaba vinculada al lowfare y la mesa judicial. La corrupción como parte del relato contra el populismo y el Estado de Bienestar y como judicializar al adversario político (Lula, Correa, Evo, CFK, entre otros).
Fue un Estado de negocios y no de desarrollo, de CEOS y no abierto, de concentración, desigualdad y heteronomía sin ética ni transparencia porque había ocultamientos de las decisiones principales de vaciamiento y endeudamiento del Estado. Era un proyecto de dominación de clase donde en el mismo hubo un proceso de colonización del poder judicial y congelamiento del Parlamento vía DNU presidenciales. En síntesis, un ejercicio del poder insensible e inmoral por parte de la coalición triunfante en 2015.
Ahora bien, podemos señalar en principio algunas definiciones éticas que han sido claves en el inicio del Gobierno del Frente de Todos que asume en 2019 y, particularmente a partir de la declaración de la pandemia- cuando en alguna medida el gobierno tuvo que optar entre la salud y una ética del cuidado, o por la economía y la inmunidad del rebaño. Este debate sigue hasta hoy formando parte de la competencia política entre partidarios de mayor o menor flexibilización, de una situación en que la pandemia aquí y en gran parte del mundo no ha sido controlada, salvo tal vez en un número muy pequeño de países. En el nuestro en particular, de un primer foco en el AMBA, terminó difundiéndose por todo el país, generado ahora situaciones de colapso en varias provincias, ya sea por falta de recursos materiales, ventiladores, camas, o directamente por falta de recursos humanos o agotamiento en muchos casos la situación de los intensivistas. Es claro que las perspectivas de derecha o liberales apoyaron durante este tiempo opciones por la apertura de la economía, mayores flexibilizaciones, y en todo caso, opciones más darwinistas.
Dicho esto, podemos señalar otros avances en un nuevo modelo de gestión en marcha que toma muy centralmente el tema de transparencia e integridad, y lo hace en forma transversal en todo el sector público. En ese sentido, se busca un aumento de capacidades sobre transparencia e integridad, capacidades estratégicas a través de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Buscan “Dotar y transversalizar la dimensión ética en la gestión pública como instrumento estratégico de la producción de políticas públicas, fortaleciendo las capacidades estatales con el fin de construir un Estado presente” [2] Asimismo, el texto “La Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública” se publicó recientemente (9/09/20) y es una producción conjunta con la Oficina Anticorrupción. Si bien se centra en los conflictos de interés, es un material de difusión útil y de fácil lectura para todos los niveles de empleados estatales.
Dentro de políticas de transparencia e integridad que se integran a todos los organismos del Estado, son relevantes los Observatorios -como, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas (habitualmente muy susceptibles para operaciones opacas en las compras públicas, licitaciones, sobreprecios, redeterminaciones, etc-, y un trabajo en transversalidad con diversas agencias en esta dirección (como la OA, IGJ, la AFIP, la AGN, la SIGEN, la AFI y la UFI).
Ahora bien, frente a este avance, podemos preguntar: ¿qué problemas vinculados a la ética pública y la transparencia podemos detectar?
Cómo desarmar un poder estructural en favor de la concentración que perdura. Lo cierto es que faltan controles sobre las corporaciones y sus vínculos con el sistema financiero y concursal. En la elusión impositiva, lavado, triangulación y fuga tenemos dos ejemplos concretos y recientes. El caso Vicentín apunta a un sistema de vaciamiento, a una quiebra fraudulenta y el sistema judicial lo asiste para poder hacerlo. Para que pierdan los acreedores (el Estado nacional y productores pequeños y medianos) y ganen los deudores. El caso Electrificadora del Valle que opera en ‘Vaca muerta’ la misma cantidad de empresas pymes afectadas y el mismo estudio jurídico que asesoró a Vicentín para la quiebra fraudulenta, ahora lo hace para la empresa Electrificadora del Valle que opera en Vaca Muerta. Y aunque la inmensa mayoría de las empresas a las que les quedó debiendo millones en cheques sean neuquinas no cuentan con los recursos para hacerle frente judicialmente a uno de los mejores estudios en materia concursal. Hay un sistema jurídico que está detrás de apoyo al delito y la evasión en favor de los victimarios y no las víctimas. Un concurso de acreedores que benefician más al deudor que a los acreedores.
Tenemos aquí un problema importante, porque determinados estudios jurídicos y bancos son los que asesoran además las diversas formas digitales y de configuraciones de empresas para fugar el dinero al exterior y a los paraísos fiscales.
2. Etica pública, transparencia e integridad en el Estado
En realidad los problemas éticos y de transparencia no son solo del Poder Ejecutivo, como lo concibió Cambiemos, sino que atraviesan todos los poderes del Estado. Empezando por el Poder Judicial.
a. Un mundo de privilegios funcional a la clase alta. En el Poder Judicial se remarca la importancia de su reforma ya que sin esta no hay ética pública posible, no hay credibilidad en la justicia. El Poder judicial es funcional al sistema de poderes fácticos y a la impunidad de miembros del anterior gobierno (ej fallos: Izurzum, Bruglia y de Dietrich, Dujovne acusados de extender concesiones de AUSOL SA sin pasar por un previo proceso licitatorio) por cuestiones de mera índole procesal respecto de su defensa.
Es lo más desprestigiado en la sociedad, pero no quieren cambiar nada y si hay algo que necesita la justicia es prestigio y jueces probos y no sospechados. No es ético, las formulaciones de defensa de la autonomía de jueces y la impunidad, es la de sus propias jueces y de su propia impunidad.
b. Entre la virtualidad y la presencialidad para bloquear la agenda gubernamental. En el Poder Legislativo, encontramos con una oposición de doble vara, que impide sesiones virtuales a nivel nacional pero las acepta a nivel provincial, (ej Mendoza reforma constitucional, o del Gobierno de la Ciudad, la del Ministerio público de la ciudad. De utilizar la política como denuncia y como agresión permanente. Que apoya discursos y gestos destituyentes. En ese sentido el último mensaje público de Macri incita a una suerte desobediencia civil, frente a lo que sería un cercenamiento de libertades públicas con excusas sanitarias, un gobierno democrático con apenas 9 meses de duración que él confunde con un ‘estado de excepción’ -siguiendo la terminología de Agamben-, el instrumento que haría posible la suspensión de las garantías constitucionales. [3]
También cabe destacar la importancia de la lucha de miembros del Poder legislativo, contra la corrupción y la falta de deberes del funcionario público, incumplimientos, aceptación de influencia no debidas, denuncias por desvíos en obras como las autopistas (Dietrich, Iguazel). Contra la controvertida ‘mesa judicial’ del anterior gobierno es una cuestión clave y el espionaje con finalidades políticas. El foco no recae ya solo sobre la obra pública y sus desvíos, sino como algo más, que estas cuestiones exceden al incumplimiento de la normativa o el mal desempeño de un funcionario y nos hablan de una presunción de impunidad, la que guía decisiones sobre sacar o poner jueces que incomodan, de armar causas y de vincular las investigaciones de inteligencia a la política interna.
3. Etica pública en la sociedad civil
Encontramos diversos actores y actitudes en lo que se denomina sociedad civil. Para dar una perspectiva sintética separaremos las organizaciones sociales y ciudadanas, del sector privado empresarial y, por su importancia tan significatitiva en la comunicación pública, el papel de los medios.
a. Sociedad civil entre la virtud y el temor reactivo. Encontramos diversos actores, y podemos distinguir el mundo de las organizaciones sociales, del sector empresario y de los medios. En el primero, tenemos ejemplos múltiples de entrega y compromiso –en el sistema sanitario, -en el educativo, de las organizaciones sociales, de la ciudadanía que se cuida, -en los movimientos sociales de la economía popular, de género, ambientales. En todo caso, de hombres y mujeres que no se movilizan o protestan o para apoyar al gobierno para no generar la circulación comunitaria del virus. O incluso si bien algunos tendrían razones válidas para hacerlo por el retraso salarial o la falta de paritarias.
Por contrapartida está el movimiento ‘negacionista’, que desconoce, agrava la circulación comunitaria del virus, y pone cuestiones de debate como contraponer libertades individuales vs. el interés público. Cuestiones zanjadas en nuestra Constitución en multiplicidad de países y aún en la doctrina social cristina. Quizás más en lo profundo, la oposición es por diferenciarse, porque no aceptan un gobierno peronista en el poder, donde ninguna decisión les puede venir bien o ser aceptable.
b. Empresas pobres con la plata afuera. En el sector privado, actores empresariales concentrados, que eluden y fugan. La ruptura de pacto tributario en los ‘70 y del capitalismo financiero permitió eludir. Eluden cualquier compromiso de justicia fiscal, naturalizar en nombre de la presión tributaria, que es muy baja para las grandes empresas. Pero ¿cómo se financia al Estado? Dan justificaciones para elusión, no pago de impuestos, blanqueos, fuga, terciarización, paraísos fiscales, pero en realidad no es ético es delictual, el neoliberalismo ha logrado una difuminación de lo ético y de la política, y ahora también tratan de eludir el impuesto las grandes fortunas.
Las elites latinoamericanas no están acostumbrados a pagar, el neoliberal es un capitalismo que trabaja capturando rentas, eludiendo impuestos, endeudando y ajustando, y haciendo negocios cuando logra con presiones que un Estado no regule, o directamente cuando lo controla por sí mismo. Es parte de la batalla cultural sobre temas internalizados como el “exceso de presión impositiva”, que puede ser cierto para una pyme, pero no para las grandes conglomerados industriales o agrarios, o nuestro sist4ama horizontal y regresivo que se financia por IVA y que es lo que le hizo preguntar a la ministra Merkel de Alemania a Alberto Fernández en su gira: ¿por qué pagan tan poco los ricos de su país?
Por ello si no se realiza una reforma impositiva progresiva no habrá desarrollo ni inclusivo ni sustentable, no habrá inclusión, distribución ni mayor igualdad. Si los que financian el Estado son los pobres vía el IVA, con ese impuesto no habrá mayor igualdad, ni mayores capacidades estatales. Porque ¿quién paga el gasto fiscal de la pandemia, o peor aún, de la deuda externa contraída por pocos?
Tal vez sobre el mediano plazo tengamos que pensar en la importancia educación tributaria, porque lo tributario es un elemento clave de la justicia social. Fortalecer la Educación Tributaria crear conciencia y educación fiscal sobre la necesidad de financiar al Estado para poder exigir buenos servicios públicos, y hacerlo tanto en colegios publicidades televisivas no solo a los posibles contribuyentes sino también en los profesionales del área para lograr la ética profesional en los mismos.[4]
c. Fake news y climas de opinión. Sobre la ética pública y grandes medios de comunicación se dice que existe autorregulación, códigos manuales de estilo, de buenas prácticas, defensa de la fuentes, pero en la realidad, la duplicidad impera: el periodismo de guerra, las fake news, las operaciones mediáticas para armado de causas judiciales, los medios que se constituyen en la oposición en sí misma. Generan un sentido común de ilegitimidad. Amplifican una situación de agitación peligrosa que, además, induce a errores y malas lecturas sobre el pulso social. Las imágenes apocalípticas y conspirativas de los medios de comunicación muchas veces ocultan un vínculo profundo entre la extrema derecha y la economía capitalista. Como un virus que necesita una célula viva para reproducirse el capitalismo también busca adaptarse a la nueva biopolítica del siglo XXI.[5]
En estos momentos los climas de opinión que intentan generar, una vez que ya se rompió con la posibilidad de un Fernández distinto, que no fuera por temas estructurales, como es el decreto de los medios como servicio públicos; el punto y medio de coparticipación que le sacó de la CABA para dárselo a la Provincia de Buenos Aires; o las operaciones del mercado financieras que endurecen el cepo para evitar perdida de reservas y evitar una devaluación; y tienen que ver con formar climas de opinión en tres registros: el primero, que todo está mal, que no hay nada que esperar de este gobierno; el segundo que el Pte. no está capacitado para gobernar esta crisis o subordinado a CFK; y, finalmente, el tercero que debemos prepararnos para el 2021 no como un año de elecciones de medio término, como un año de cambio gubernamental (Bullrich y Duhalde dixit).
En ese sentido, dos desafíos principales para el modelo de desarrollo tienen que ver con, ¿cómo regular el capitalismo de plataformas (Mercado Libre, Rappi, Pedidos Ya, Uber, Glovo) que no conciben un mundo con sindicatos, con regulaciones tributarias y con derechos de los trabajadores y sin mandar el excedente al exterior? Y, asimismo, ¿Cómo redefinir la relación con los medios, que no conciben un mundo en el que ellos no tomen las decisiones principales e impongan los candidatos aceptados por los poderes fácticos, porque se sienten dueños de la construcción de realidades paralelas?
Conclusiones
Queremos señalar, primero, que la ética pública así como la importancia de la transparencia y la integridad de la gestión son claves para posibilitar un nuevo modelo de desarrollo se encuentran actualmente en el marco de una lucha cultural. Nuevamente en una grieta que intenta profundizar la derecha, dentro de la lógica liberal republicana y que involucra la subjetividad de los ciudadanos. Donde tenemos dos frentes abiertos para el rumbo del país: por un lado, el de un virus que aún todavía no está derrotado y es alentado por los ‘negacionistas’, y por otro, el de una oposición que no acepta la derrota electoral y que considera que la única agenda posible es la de la minoría.
En segundo lugar, una previsión ética para una nueva definición de desarrollo (desarrollo inclusivo, sustentable, productivo y con mayor valor agregado) para la inclusión, debería dar cuenta de esta situación agonística en sus diversas dimensiones, no solo luchar con normas, procedimientos que limiten la discrecionalidad funcionarial en el Ejecutivo, sino también como relaciones de fuerza con actores, comunicación, con capacidad de llevar a la práctica políticas públicas, presupuestos que hagan a una mejor distribución del ingreso, a federalizar el gasto y no a ratificar el hiperindividualismo, la la especulación financiera y la tradicional de los exportadores de granos.
En tercer lugar, se revela la necesidad de aumentar las capacidades políticas estratégicas del Estado, de equipos multidisciplinarios que puedan adelantarse a conflictos, ver escenarios posibles, contar con capacidad de previsión y de respuesta. El desarrollo siempre tuvo conflictos, y no solo el diálogo muchas veces consigue resolverlos. Junto con ello, falta un mayor espesor comunicacional de parte del Gobierno frente a esta ofensiva. Y si bien el Presidente es un buen comunicador, no alcanza con que esté restringida la comunicación con la sociedad y sobre los actos del gobierno con él solo.
En cuarto lugar, la reconstrucción del país -a partir del trabajo y de la producción- tiene que ver con una ética pública de transparencia que se contrapone a los climas de desánimo y destituyentes que busca generar la oposición; una contraposición entre un proyecto ético de bien común con otro de dominación, de sectores que no desean mayor justicia social, ni distribución y que quieren nuevamente involucionar a la captura del Estado. Es por tanto una lucha agonística en la que estamos involucrados por el modelo de país y, en esos términos también por la hegemonía, por la definición de ¿qué es hoy el bien común?; ¿de qué es lo justo?, y finalmente, ¿de cuál es la realidad?
Todo esto nos debe llevar a ser conscientes de la oportunidad que hoy tiene Argentina para resistir a lo probable y burlar lo inevitable. Como país democrático progresista en una región entrampada por la jaula de hierro del neoliberalismo, de la pandemia y el empobrecimiento, es la de lograr crecer, generar empleo y controlar su propio destino lo que además, puede incidir favorablemente en ese contexto mostrando que hay otras salidas posibles. Y esto es importante resaltar, en estos momentos duros de la pandemia y de fake news, que la ética pública del bien común y la transparencia e integridad en las acciones de gobierno se vincula a una épica emancipadora tanto en lucha contra el virus como contra aquellos intereses, actores y potencias que persiguen los mismos fines del pasado, los de sometimiento, concentración y desigualdad, y que hay posibilidades de decir, ‘nunca más al neoliberalismo’.
Fuente: FLACSO
